Más de 10.000 € en multas y demasiadas preguntas sin responder.
Los vecinos y vecinas de Lantzarte Bizirik, tras recibir notificaciones de sanción por más de 10.000 euros, acudimos al último pleno del Ayuntamiento de Berango con la esperanza de despertar un mínimo de empatía por nuestra situación y obtener algunas respuestas.
La parte de la empatía pronto quedó descartada dada la actitud de absoluto desprecio hacia nosotros y nosotras por parte de la alcaldesa.
En cuanto a las respuestas, sin perder su tono arrogante, acusó a esta asociación de mala fe, mentiras y manipulación reiterada. Según ella, la Policía Municipal se limitó el día 4 de agosto, tras llamada del jefe de obra, a pedir a los presentes que abandonaran el lugar por motivos de seguridad al haber maquinaria pesada. De lo anterior se levantó un acta que «conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana se debe trasladar a Gobierno Vasco, organismo competente para tramitar y resolver». De esta forma, negó cualquier responsabilidad del Ayuntamiento en la tramitación de las sanciones...
… Pero hay un dato que la Alcaldesa omite, y que desmonta por completo su argumento de principio a fin: la presencia en el lugar de varias patrullas de la Ertzaintza.
Según la Ley de Policía del País Vasco, la Seguridad Ciudadana es competencia exclusiva de la Ertzaintza, la Policía Municipal no tiene competencia en este aspecto más allá del apoyo que la propia Ertzaintza pueda requerrir. Aquí surge la primera pregunta que cabe hacerse:
¿Por qué las patrullas de la Ertzaintza que acudieron el 4 de agosto, siendo la policía especialista, competente y al mando en temas de seguridad ciudadana, decidieron mantener una postura pasiva?
A nuestro parecer, solo existe una respuesta posible: No actuaron porque no apreciaron peligro, ni desorden, ni necesidad de activar la vía sancionadora contra los vecinos y vecinas, probablemente por aplicación del principio de proporcionalidad al que se deben todos los cuerpos policiales.
Segunda pregunta: ¿Por qué la Policía Municipal, no siendo competente, decidió levantar un acta donde la policía competente no vio conveniente actuar?
Es muy poco probable que los agentes de Policía Municipal decidieran suplantar las competencias de otro cuerpo policial estando presente. El acta que levantó la Policía Municipal debió ser motivada por una circunstancia dentro de sus competencias, ajena por tanto a la Seguridad Ciudadana. Según lo expresado por la alcaldesa en el pleno, posiblemente lo fue por la llamada del jefe de obra relativa al riesgo por la presencia de personas próximas al espacio de trabajo de maquinaria pesada. De hecho, este tipo de acta para uso interno encajaría perfectamente con el tipo de identificación informal que se realizó a las personas presentes.
Hay que tener en cuenta que la identificación se hizo de forma verbal, sin solicitar DNI ni ningún otro tipo de documento. Este tipo de identificación no es propia de un procedimiento que pueda acabar en sanción, como puede ser una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino más bien de una recopilación de datos para un mero informe rutinario de uso interno.
De lo anterior se deduce que el acta del que habla la alcaldesa en su intervención en el pleno no debió ser relativa a una situación de incumplimiento de Ley de Seguridad Ciudadana, sino un acta de descripción de los hechos para uso interno.
Tercera pregunta: ¿Cuándo se realizó el traslado del acta?
No podemos saber a ciencia cierta cuándo se tramitó, pero sí sabemos que un plazo de nueve meses es demasiado tiempo para una notificación de sanción. Esto nos hace pensar que el traslado por parte del Ayuntamiento no fue inmediato a los hechos, sino que por algún motivo fue posterior en el tiempo.
Cuarta pregunta: ¿Quién decidió, tiempo después de sucedidos los hechos, el traslado al Gobierno Vasco, que ya era conocedor por medio de su propia policía, de un acta policial rutinaria interna del ayuntamiento?
Si la policía especialista, competente y al mando decidió que los hechos no eran merecedores de sanción; si a todas luces el acta que se redactó no era relativa a Seguridad Ciudadana, sino un acta informal para uso interno; si dicho acta no se remitió en un plazo de tiempo próximo a los hechos; si el Gobierno Vasco, al que se remitió el acta, ya era conocedor de los hechos por medio de su propia policía…
Y aquí surge la quinta y definitiva pregunta ¿Qué motivó el traslado del acta al Gobierno Vasco como posible infracción de Ley de Seguridad Ciudadana?
Señora alcaldesa, cambie su actitud, cambie su tono, y sobre todo cambie sus respuestas, estamos dispuestos y dispuestas a escucharlas. Mientras no lo haga, seguiremos denunciando públicamente y con todas nuestras fuerzas que los 10.000 euros que nos han impuesto en sanciones a los vecinos y vecinas de Lantzarte responden a una burda maniobra política para tratar de asfixiar y silenciar un movimiento vecinal legítimo.
La versión ofrecida por el equipo de gobierno municipal sobre las sanciones a vecinos y vecinas de Lantzarte deja más dudas que certezas.
Los hechos, las contradicciones y los tiempos hablan por sí solos. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Las nuestras son claras.
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